Por Jonathan Coles

Se ha difundido bastante, en los últimos tiempos, una cierta forma de pensar que acepta en principio las bondades de la economía de libre mercado, pero que, acto seguido, se apresura a delimitar un conjunto de áreas donde ésta debe ser restringida o anulada en aras de un supuesto interés general. Así hay quienes piensan que la salud o la educación, por ejemplo, no pueden dejarse en manos del mercado, y tratan de garantizar el acceso a estos servicios a los sectores de menos ingresos mediante una amplia acción pública que corrija sus hipotéticas fallas, aún cuando día a día pueda comprobarse la profunda ineficacia de la actividad estatal en estos campos. Del mismo modo, existe toda una corriente de opinión que sostiene que en la agricultura no es posible aplicar una política de mercados libres, que es preciso defender a toda costa la llamada “seguridad alimentaria”, a los pobres campesinos, o a los no tan pobres agricultores y ganaderos.