El hombre, desde antes de la historia contemporánea hasta nuestros días, ha intentado diseñar sistemas para la organización de la vida política y económica de las sociedades, algunos con nombres tan propios como el socialismo y otros cuantos presentados como “terceras vías” derivadas de los primeros modelos. Éstos sistemas, sean puros, derivados o como quiera catalogárseles, han aparecido y desaparecido constantemente conforme la praxeología de los mismos no logra determinar los resultados cercanos a lo que se espera de sus fundamentos teóricos, pero a la hora de buscar respuestas sobre el funcionamiento de éstos sistemas y el porqué de sus virtudes y fallos es necesario remitirnos al funcionamiento y comportamiento de los dos grandes protagonistas de la organización social: el Estado y la sociedad.

Entendiendo que vivimos en una sociedad en la que el hombre, de manera voluntaria, desarrolla formas de organización colectiva a través de la consecución de una armonía de intereses para la posterior materialización de los mismos, el Estado como máxima figura y/o entidad de organización social establece sus formas respondiendo a lo que represente un deseo o interés colectivo mayoritario, pues la figura del Estado no es más que la representación de una parte de la sociedad a la que arraiga su existencia. El Estado debe su creación a la existencia misma de la sociedad, por lo que se encuentra implícita una relación o vínculo esencial entre ambos y cuyo desarrollo repercute en el papel que ambos pueden cumplir en el desenvolvimiento de estos sistemas.

La figura del Estado y sus acciones repercuten directamente en el desarrollo y evolución de las sociedades, y éstas a su vez tienen, hasta cierto punto, capacidades para modificar o cambiar las formas y competencias del Estado; la acción social puede ser determinante para el desenvolvimiento del mismo, y considero de esta manera que existe una relación de causalidad recíproca entre ambos en la medida en que con cada paso que alguno de los dos tome algo cambiará en el otro: no determina únicamente la sociedad al Estado o el Estado a la sociedad, sino que ambos pueden realizar acciones que repercutirán inevitablemente en el curso de las mismas, pues están intrínsecamente vinculados.

Teniendo esto ya en consideración, hay que destacar que el desarrollo de las sociedades es maleable ante el poder de los Estados, pero en la medida en que una sociedad tenga mayor capacidad sobre el comportamiento del Estado que la representa, el mismo se tornará maleable también ante el poder de la sociedad. El Estado y la sociedad son los dos extremos de una balanza del poder colectivo en la que existen dos posibilidades: que la sociedad dictamine las competencias de un Estado para que garantice la plena residencia del poder en la misma o, por el contrario, que la sociedad establezca un Estado con poder propio basado en las capacidades de la sociedad. De esta manera es requerido, para una transformación social real, una transformación progresiva del Estado.

A pesar de esto, el Estado tiene por esencia ciertas falencias que requieren de alguna regulación o limitación por parte de la sociedad para perfeccionar su forma y que su labor sea favorable al desarrollo de la misma, empezando porque el Estado está representado por funcionarios que sin lugar a dudas pueden cometer errores en nombre del mismo y perjudicar de esta manera a la comunidad, o bien sea por el hecho de que, una forma de Estado que ejerza el poder de la sociedad resulta una fuente de avaricia que puede terminar perjudicando a una gran población en virtud de los caprichos de una minoría que tenga el poder en sus manos.

Es vital la consideración del individuo como conductor esencial del crecimiento social, pues es necesario que se permita el desarrollo libre de sus potencialidades y de su pensamiento, de modo que puedan alcanzar las metas que ellos mismos se tracen y contribuir así a su bienestar e indirectamente al bienestar del conjunto social del que forman parte. Carlos A. Sabino afirma en su obra Sobre el neoliberalismo, la historia, los mitos, los principios (1991) que “si el individuo puede ser libre es porque es capaz de determinar la conducta que más conviene a su desarrollo y realización. Es cierto que sus decisiones pueden ser erróneas, ya sea porque las personas no conocen a fondo la situación que las rodea o porque son incapaces de determinar con claridad cuáles son sus verdaderos intereses. Pero también es cierto que ninguna instancia externa al individuo tendrá mejor información acerca de sus motivaciones o de las circunstancias específicas que lo rodean”.

El Estado puede ser, por un lado, la gran herramienta garantía del bienestar social, o por otro, el álter ego social de la comunidad a la que regula y controla la realización de sus capacidades.

¿Por qué se considera entonces de vital importancia la libertad de las sociedades?

Porque sin libertad, sencillamente, no habría desarrollo. Una sociedad libre crecerá más rápido y de manera más eficiente que una sociedad coaccionada por la competencia del Estado. Eamonn Butler afirma en su obra Fundamentos de una Sociedad Libre (2015) que la libertad genera prosperidad. Desata el talento, la inventiva y la innovación humana, creando riqueza donde antes no existía. Las sociedades que han adoptado la libertad se han enriquecido. Aquellas que no lo han hecho se han mantenido pobres”.

Si bien deseamos formular un modelo para alcanzar la transformación y/o consolidación de una sociedad libre, debemos tener en cuenta que tanto el Estado como la sociedad deben cumplir un rol orientado hacia el cumplimiento de supuestos de hechos fundamentales que arraigan en las libertades individuales, de manera que se construyan mecanismos determinados a escalar estas características a un nivel colectivo.

Podemos enumerar estas proposiciones fundamentales de la siguiente manera:

  1. La democracia como sistema de organización política es el mecanismo a través del cual el Estado manifiesta el poder del pueblo; el Estado no debe ejercer poder sobre la sociedad, sino la sociedad a través del mismo.
  2. La protección de la propiedad privada como impulso de las capacidades de desarrollo económico a través del incentivo a la inversión privada y la libertad económica; el Estado no debe interferir en la economía de forma que opere el mismo mecanismo del punto anterior y sea el pueblo quien administre sus capacidades económicas ligadas inherentemente al poder.
  3. El establecimiento de un Estado de derecho que permita la limitación de las capacidades del gobierno que instituya y haga cumplir leyes objetivas con la finalidad de proteger los derechos individuales.
  1. La total separación del Estado y la iglesia, la ciencia, la educación y la economía, de forma que el pueblo tenga el mayor poder sobre la administración de las instituciones que competen a éstas áreas del desarrollo social.

A lo largo de la historia ha quedado en evidencia lo peligroso que puede ser para el individuo el desenvolvimiento de un Estado sin frenos. Consecuentemente la democracia se mantendrá firme en la medida que el Estado esté sujeto a la ley, reconozca la autonomía del individuo y proteja la propiedad privada y la libertad individual, debiendo velar en primera instancia por el cumplimiento de estos objetivos.

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